Este estudio tiene como intención proveer elementos técnico-jurídicos acerca de la legislación del derecho humano al agua y al saneamiento, a diputadas y diputados de la H. Cámara de Diputados, principalmente para aquellas y aquellos que integran la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la LXV Legislatura.

El derecho al agua es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. El acceso humano al agua debe ser suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), todos los seres humanos cuentan con el derecho a su acceso con una cantidad de entre 50 y 100 litros de agua por persona y día, cuantía suficiente para el uso doméstico y personal. Su costo no deber superar el 3% de los ingresos del hogar, la fuente que la suministra debe estar a menos de 1 000 metros de la vivienda y recogerla no debe superar los 30 minutos. El 8 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto que reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con el que se incorporó el derecho humano al agua y al saneamiento. El Poder Revisor de la Constitución, por su parte, en el artículo 3º del decreto otorgó un plazo de 360 días al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Aguas, plazo que se venció el 8 de febrero de 2013. Hasta el día de hoy, la Ley General de Aguas no se ha expedido. No obstante, existe una vasta experiencia acerca de la legislación en la materia, que las diputadas y los diputadas de la LXV Legislatura, pueden tomar como referente, a saber: Tratados internacionales, leyes modelo sobre sistemas comunitarios de agua y saneamiento y sobre el derecho humano al agua y al saneamiento; controversias constitucionales, resoluciones y tesis sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de las leyes sobre el agua emitidas por los gobiernos de las entidades federativas y los municipios.